La corrupción gubernamental ha sido un problema de larga data en México. Los cárteles de la droga han sido influyentes en la política mexicana, aportando grandes sumas de dinero a las campañas electorales mexicanas y apoyando a candidatos sensibles al soborno para mantener a salvo sus negocios. Desde principios del siglo XX, el gobierno mexicano ha tolerado el tráfico de drogas. Desde 1929, el partido dominante de México, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), forjó vínculos con varios grupos para ganar influencia política. Entre ellos se encontraban los narcotraficantes. Los vínculos entre el PRI y los capos de la droga mantuvieron una alianza con los narcotraficantes y aprobaron sus actividades.
Durante los años 1980 y 1990, el tráfico de drogas en México se aceleró. Antes de los años 1980, la mayor parte de México producía marihuana y una pequeña cantidad de heroína. La cocaína llegaba a Estados Unidos principalmente a través de las Bahamas y el Caribe. Después de que Estados Unidos cerrara las rutas que ingresaban al estado de Florida, los cárteles de la droga colombianos establecieron una asociación con los traficantes mexicanos y encontraron nuevas rutas por las que contrabandear cocaína por tierra hacia América del Norte. Algunos cárteles mexicanos pequeños se fusionaron con el cártel de Guadalajara, liderado por Miguel Ángel Félix Gallardo. El cártel de Guadalajara traficaba la cocaína producida por el cártel colombiano de Cali, al tiempo que expandía la producción de marihuana en las áreas rurales de México.
Joaquín "El Chapo" Guzmán
Estados Unidos creó una fuerza especial, llamada DEA (Defensa Antidrogas), para luchar contra las drogas dentro y fuera de sus fronteras. La oficina de la DEA en México recibió recursos adicionales para investigar el asesinato de uno de sus agentes, Enrique "Kiki" Camarena, quien fue secuestrado, torturado y asesinado por un policía estatal pagado por miembros del cártel. Su investigación confirmó la corrupción que se apoderó de México en las décadas de 1980 y 1990. Sin embargo, no sólo los policías a sueldo obedecían a Miguel Ángel Félix Gallardo y su cártel. Las investigaciones muestran transacciones con altos funcionarios del gobierno federal, como la Dirección Federal de Seguridad y la Policía Judicial Federal mexicana.
La guerra contra las drogas en México, iniciada en 2006 por el recién elegido presidente de México, Felipe Calderón, dio inicio a un esfuerzo armado del gobierno para combatir a los cárteles de la droga en México. El predecesor de Calderón, Vicente Fox, elegido en 2000, había sido el primer presidente mexicano ajeno al PRI. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de Calderón, el PRI volvió al poder en 2012 con la elección de Enrique Peña Nieto.
Durante la audiencia judicial del caso del líder del cártel más buscado, Joaquín "El Chapo" Guzmán, se alegó que el expresidente Enrique Peña Nieto había aceptado un soborno de 100 millones de dólares del capo de la droga.
